por Jon Aguirre Such
Durante los últimos tiempos hemos vivido una exaltación desenfrenada del mercado y de la ideología neoliberal del laissez faire. Cualquier tipo de regulación o de forma de control pública de las actividades privadas —fueran instituciones financieras, actuaciones empresariales o iniciativas de utilización del suelo por operadores inmobiliarios— eran vistas con sospecha. El mantra que afirmaba con total desparpajo que «el Estado era el problema y el mercado la solución», se convirtió en lugar común que condujo a un progresivo desmantelamiento de los mecanismos de control y regulación, así como a la acelerada privatización de distintos servicios y agencias públicas, desde la sanidad a los ferrocarriles y las autopistas o determinadas empresas municipales y estatales de vivienda y suelo.
En el campo del planeamiento urbanístico estas posiciones fueron igualmente exitosas: el planeamiento se comenzó a considerar un rígido corsé que distorsionaba los mercados de suelo, contribuía al encarecimiento de los precios de los productos inmobiliarios, coartaba la libertad de iniciativa de los agentes y también la libertad creadora de los profesionales. La doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia —se hizo famoso su Informe de 1993— condujo directamente a la Ley del Suelo de 1997 que reducía a escombros la lógica urbanística: su concepción del urbanizable residual supuso hacer edificable la práctica totalidad del suelo libre de los municipios, excepción hecha de los espacios estrictamente protegidos por sus valores intrínsecos.
Los acontecimientos posteriores y la dramática situación actual han supuesto un inequívoco mentís a tales imputaciones: los precios de la vivienda no dejaron de crecer a partir de la segunda mitad de los 90 y hasta el reciente pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2006-2007, mientras que se clasificaba y urbanizaba más suelo y se construían más viviendas que nunca. El descrédito del planeamiento corrió parejo a la creciente desarticulación de las áreas urbanas y metropolitanas y a su progresiva insostenibilidad ambiental y energética.
En este panorama la resurrección a partir del año 2004 de los Premios Nacionales de Urbanismo —de muy interesante trayectoria en décadas pasadas— se debe considerar un acierto indiscutible por parte del Ministerio de la Vivienda, que corre en paralelo con las nuevas perspectivas de racionalidad urbanística recuperadas por la nueva Ley del Suelo del 2008. Su pertinencia, que en definitiva es la de la práctica urbanística, vendría avalada al menos por las siguientes razones:
- Por la urgencia de reivindicar el valor de las regulaciones públicas, en términos generales y, en particular, en la configuración responsable de las ciudades y del territorio.
- Por la importancia de dignificar y subrayar el trabajo de distinguidos profesionales que, por encargo de Ayuntamientos y órganos de gobierno autonómicos, dan forma espacial y expresión normativa a tales regulaciones públicas.
- Por el carácter didáctico y ejemplificador que estos ejercicios disciplinares avalados por instituciones públicas puedan tener sobre el resto de las actividades de planeamiento y sobre la propia docencia universitaria de estas materias.
- Por el hecho afortunado de que, dadas las escalas y el significado espacial de los trabajos seleccionados, se cubren los cometidos básicos del planeamiento urbanístico: la ordenación del territorio, el proyecto de ciudad y el diseño de sus nuevas piezas residenciales, y, finalmente, la rehabilitación de los tejidos urbanos existentes.
Por todo ello es fundamental reivindicar con más fuerza que nunca la importancia de la práctica urbanística y las publicaciones que recojan todas aquellas experiencias y proyectos saludables para la ciudad y sus habitantes, como medio para afrontar con ciertas garantías la actual coyuntura de crisis. Y es que, como diría Jaime Lerner: «la ciudad no es el problema: es la solución».
Imagen: Exposición «A pie de calle. Vivienda social y regeneración urbana». Del 23 febrero al 29 abril 2012. Sala de exposiciones Arquería de Nuevos Ministerios, Madrid (fuente: Grupo de investigación Nuevas Técnicas, Arquitectura y Ciudad de la ETSAM)
5 comentarios
Totalmente de acuerdo; ha habido en la última década al menos un abondono absoluto de las funciones públicas de planificación, ordenación y gestión del territorio y el urbanismo.
"Saludables", tú lo has dicho.
Han pasado 5 años desde la primera publicación de este artículo y en mi opinión nada ha cambiado o casi nada al menos a nivel institucional. La Ley de Suelo estatal fue un intento de cambio pero no ha tenido su respuesta en la legislación autonómica por lo que no ha trascendido. por otro lado sigue centrada en los desarrollos y estos ya no existen. Los problemas siguen estando ahí fuera de modo insoportable y las soluciones ni se han puesto sobre la mesa.es urgente que la administración actúe desde el control, la dirección y los inspiradores "principios y fines" art. 3 Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Yo diría que sí, pero no…Y es que, al menos en Cataluña, muchas de las barbaridades que se han cometido en los últimos años se han hecho de acuerdo a la legalidad vigente y a los planes. En Cataluña se ha hecho mas planeamiento territorial en los últimos años que en décadas. Del mismo modo se ha revisado el planeamiento urbanístico de muchos municipios y se han aprovado cantidad de POUMs que eran auténticos disparates, con unas previsiones de crecimiento sin ningún sentido. Seguro que sin planes habría sido peor, pero yo diría que todo este planeamiento ha fracasado. Para mi lo interesante es constatar las limitaciones que el planeamiento ha demostrado para poner freno a prácticas especulativas y depredadoras de suelo sin sentido y en consecuencia ver si somos capaces de detectar que cosas hay que cambiar en la forma y en los instrumentos que venimos usando para planificar las ciudades. Que no es poco, desde luego…
Muchas gracias Carmen y Boneta por vuestros comentarios.
Desde luego hay muchas cuestiones que deben ser revisadad y mejoradas en relación a los instrumentos legales y la mala praxis del urbanismo. Pero no por ello hemos de menospreciar el planeamiento como práctica o pensar que urbanismo es equivalente a corrupción. Estaríamos ante un error gravísimo, por no hablar de que algún demagogo lo pudiera utilizar como argumento perfecto para liberalizar la intervención en la ciudad.
Evidententemente, tenemos que pensar nuevos instrumentos y herramientas para hacer ciudad e intervenir en ella, establecer nuevos mecanismos de control y nuevas regulaciones o disposiciones legales que permitan las bases de una práctica más social y sostenible. Pero no por ello debemos desechar el urbanismo como práctica, ya que, al contrario de lo que pueda parecer, es la única manera de salvaguardar el territorio frente a la especulación y los desmanes liberales.