Advocacy planning: Urbanismo al servicio de la justicia social

Por Albert Arias Sans y Marc Martí-Costa
Recientemente estamos presenciando la emergencia de técnicos y profesionales que trabajan cuerpo a cuerpo con los movimientos urbanos en temas relacionados con la planificación y la gestión urbana con el objetivo de empoderar a estos últimos en las relaciones con la administración o el sector privado. Los casos de resolución (más o menos exitosos) de conflictos como Lesseps, Bon Pastor o Can Batlló sirven para ejemplificar una práctica que en el mundo angloamericano se la conoce con el nombre de advocacy planning, o procuración urbanística. Después de un par de décadas donde el rol de la arquitecta urbanista se ha centrado en dar cobertura a dinámicas de crecimiento urbano, es de celebrar el resurgimiento de experiencias más comprometidas. Esta entrada tiene como objetivo presentar los orígenes de la advocacy y lanzar algunas reflexiones sobre la práctica actual en la ciudad de Barcelona.

El advocacy planning es una práctica urbanística de carácter colaborativo y participativo en la que uno o más técnicos se ponen a disposición de una organización, colectivo o grupo de personas con objetivos comunes para ayudar a resolver un conflicto urbanístico ante la administración pública u otros promotores. Consiste, pues, en apoyar a un grupo a través de los conocimientos, técnicas y procedimientos para captar, conducir y sintetizar sus demandas. Con este apoyo las reivindicaciones se proyectan de una forma viable para que puedan ser defendidas técnicamente y que la administración local – en la vertiente técnica o política – las tenga en cuenta y las adopte. El advocacy planning se trata, pues, de un proceso relacional situado en cada contexto más que de un protocolo estricto de actuación.

El concepto de advocacy planning nace en 1965 con el artículo de Paul Davidoff «Advocacy and pluralism in planning». Davidoff hace una analogía entre la figura del «procurador» en el sistema judicial (advocate) con la del urbanista (planner). De esta combinación surge el que llama advocate planner, que lo contrapone con el de agency planner (planificador de la agencia, ya sea pública o privada, con un claro estigma unitarista y servil).

Según el autor, el procurador urbanístico deberá facilitar la relación entre la administración y el interés de grupos específicos para conseguir o bien resolver una situación conflictiva o mejorar la condición urbana participando en el proceso político. Esta figura ejerce de tercera parte [1] entre la administración (principalmente) y los grupos minoritarios o de presión que no pueden cumplir sus necesidades a través de los mecanismos deliberativos, sumando también la imposibilidad de plasmar técnicamente las demandas en forma de proyecto.


Davidoff remarca la necesidad de prestar atención, de allí el pluralism, a aquellos grupos minoritarios y marginales que quedan fuera de lo que él llama «idealized political process in democracy», es decir, de aquel interés público que lejos de ser neutral, está controlado por los grupos de poder fácticos. El advocate planner debe ser capaz de abrir la mente para conseguir incluir los intereses divergentes para conseguir «just decision», es decir, políticas urbanas equitativas y justas atendiendo a las diferencias en el poder de los agentes urbanos. Hay que recordar que el texto fue escrito en años de efervescencia social y política, especialmente por movimientos pro derechos civiles en EE.UU. En este sentido el «procurador» deberá ayudar a hacer más equilibrada la relación de poderes entre las partes.

Pero Davidoff va más allá y dice que los valores (éticos) son elementos ineludibles en cualquier proceso racional de toma de decisiones y que el planificador debe tenerlos claros para actuar en consecuencia. El planificador no actúa de forma neutral y, como tal, debe tomar conciencia de este hecho y posicionarse del lado que crea conveniente para lograr la decisión justa y equitativa.

Así, frente a un modelo de planeamiento tecnocrático y supuestamente escéptico, Davidoff enfatiza la dimensión política del planeamiento. Los urbanistas deben facilitar la construcción de un fundamentado debate público entre diferentes alternativas de planeamiento. Propone que los urbanistas asesoren y defiendan (como los adovcates en un juicio) a los distintos grupos de interés, pero especialmente a aquellos grupos comunitarios que por sus escasos recursos han sido excluidos de los debates en el planeamiento. Situado en el contexto en el que se escribió, el texto es una aproximación ética y profesional radical que pide superar la doctrina impuesta por los poderes establecidos que realizan el encargo asignado «desde arriba» y por el contrario ejerza de procurador de la justicia (urbana y social). Dada la complejidad técnica y legal de los temas urbanísticos, el procurador se encarga de dar los recursos específicos suficientes a aquellos grupos con menos poder para resolver el conflicto traduciendo las demandas en alternativas factibles.

La práctica de la advocacy en nuestro contexto no es nueva. El movimiento vecinal del tardofranquismo se apoyó muchas veces en técnicos comprometidos (provenientes de la universidad o de los partidos en clandestinidad) para diseñar conjuntamente propuestas de todo tipo, desde proyectos urbanísticos de detalle hasta Planes Populares. No es nuestra intención hacer una revisión histórica de la práctica pero creemos justo evidenciar que hace años que ejerce de forma más o menos visible públicamente. Antes de entrar en profundidad, también hay que decir que cuando hablamos de procuradores urbanísticos no sólo lo hacemos de arquitectos sino también de ingenieros, antropólogos, geógrafos o sociólogos entre otros que han puesto a su saber al servicio de diferentes luchas vecinales.


A nuestro entender podemos identificar tres niveles de implicación de los técnicos con los movimientos sociales (con los límites difuminados) que nos permiten clasificar la práctica de la advocacy en Barcelona en la última década.

En primer lugar, encontraríamos el apoyo técnico puntual de un profesional externo para resolver dudas de los afectados por planes urbanísticos, preparar informes, asistir a comisiones, etc. Así ha sucedido en el seguimiento de la implementación de los diferentes planes urbanísticos del 22@ en Barcelona por parte de la asociación de vecinos o en los debates sobre el proyecto de la Sagrera entre el ayuntamiento y diferentes entidades vecinales. Estos profesionales suelen ser personas de confianza de la asociación y permiten incidir en aspectos mucho más concretos y entrar en un diálogo de tú a tú con los técnicos del ayuntamiento. Los procuradores urbanísticos intervienen en estos casos no en la definición política de la intervención (su necesidad o no, los principales elementos orientadores, las grandes afectaciones, etc.) sino más bien en la concreción de la propuesta o bien en su correcto desarrollo según lo acordado.

En segundo lugar, se va más allá de la aplicación de un saber técnico específico al servicio del colectivo en pugna. Este segundo nivel más creativo utiliza procesos colaborativos [2] para combinar los saberes cotidianos e incorporarlos a su trabajo, normalmente formado por equipos pluridicscipliares. La procuración simpatiza y participa aquí directamente con el colectivo sin formar parte directamente. Podríamos asimilar este segundo nivel con la figura del facilitador (o mediador en la vertiente más heterodoxa, pues claramente toma posiciones parciales). La reforma de la Plaza Lesseps es un caso paradigmático de este segundo nivel donde un grupo de técnicos se pone a disposición de una plataforma para ayudar a materializar la propuesta alternativa —«la mejor alternativa posible»— a un diseño que ganó un concurso de la administración. Y lo hicieron con metodologías surgidas ad hoc y con un tipo de respuesta y de soluciones relacionadas con el contexto donde se llevaban a cabo.


En tercer lugar, situamos aquellas prácticas donde los procuradores forman parte del propio colectivo, diluyéndose así el rol técnico en el activismo [3]. En este caso, el procurador tiene menos legitimidad como mediador pero en cambio impregna políticamente el discurso técnico y, a diferencia de los demás, está implicado también con las acciones que emprende el movimiento del que forma parte. El intercambio de conocimiento y práctica y la imbricación entre los actores termina diluyendo los límites entre procuración y activismo para acabar formando una entidad propia con legitimidad para tomar decisiones e interpelar otros agentes urbanos de forma autónoma. Más allá de aplicar técnicas específicas más o menos participativas, es el trabajo colectivo con el propio grupo es el que transforma las demandas hacia la administración y al mismo tiempo hace cambiar la visión de los propios profesionales. Casos como el de Can Ricart, Can Batlló o Bon Pastor, con matices diferentes, pueden ejemplificar esta tercera práctica.

La práctica de la advocacy, sin embargo, no está exenta de retos y dificultades. Un primer peligro es el de la cooptación, es decir que aquellos profesionales abran camino en la práctica en las luchas urbanas y posteriormente terminen trabajando para una administración alejada de los intereses y valores iniciales. El ejemplo más claro es de aquellos profesionales que durante los años 70 fueron partícipes de los planes populares y que posteriormente terminaron promoviendo intervenciones desde una óptica de arriba abajo, haciendo prevalecer un conocimiento técnico supuestamente objetivo con coartada populista pero sin trabajar de forma conjunta con la población afectada.

Relacionado con lo anterior, una de las dificultades más claras de la práctica de la advocacy, es la de la remuneración de la práctica. Por un lado, se hace muy difícil que haya un retorno monetario directo a los técnicos que ejercen de procuradores pues los movimientos de base no suelen tener la capacidad para remunerar el trabajo y la administración (o la empresa) pocas veces paga a un técnico para fortalecer los movimientos que se posicionan contra sus intereses. Si bien en otros países esta práctica está normalizada y la carga económica es asumida por la administración o incluso por fundaciones o entidades del tercer sector, en nuestro contexto los casos de reconocimiento material del trabajo son más bien escasos a pesar de existir.



Otra dificultad es la capacidad transformadora de este saber técnico. En el primer tipo de advocacy descrito, la especialización estrictamente técnica del procurador hace a veces difícil que el resto del grupo obtenga un aprendizaje para mejorar su autonomía en futuras contiendas. También el debate con la administración puede terminar derivando hacia niveles excesivamente técnicos con lenguajes excluyentes. Capacidad pedagógica y retroalimentación constante con el resto de miembros suele ser la mejor manera de evitarlo. En los otros dos tipos de advocacy, el peligro se encuentra en que la visión de aquellas personas que se dedican profesionalmente a temas urbanos acaben condicionando la agenda de movilización y las posibles soluciones.

Uno de los grandes dilemas de la advocacy es si realmente es factible institucionalizar esta práctica. Tenemos muchas dudas sobre su viabilidad si se evidencia que, hasta el momento, las prácticas de advocacy han sido situadas en contextos sociales, espaciales y temporales determinados, unos contextos que han facilitado la relación entre los técnicos procuradores y el movimiento de base. La confianza, el conocimiento situado, la legitimidad o el compromiso son elementos clave para garantizar el éxito de la práctica de la procuración, unos elementos que deben construirse mediante la relación entre las partes y difícilmente se conseguirán mediante encargos ajenos.

Para finalizar, conviene apuntar que la emergencia de la práctica renovada del advocacy planning a cargo de técnicos y colectivos en nuestro país [4] responde a la reacción contra algunos de los factores estructurales que son, a su vez, causa y efecto de la crisis de la ciudad contemporánea. Estamos hablando de la reacción contra un agency planning (o urbanismo formal) que, en el caso de Barcelona, ha virado claramente hacia proyectos urbanísticos de carácter neoliberal. Unos proyectos, con la reforma del Port Vell como ejemplo más claro, que lejos de redistribuir las rentas urbanas y diseñar espacios para el goce comunitario, facilitan las prácticas especulativas, cercan su acceso y privatizan su uso. Pero el brote de advocacy planning en nuestro contexto responde también a la necesidad de una revisión ontológica del urbanismo, o mejor aún, una reformulación de lo-que-tiene-que-ser el urbanismo. Una renovación de la praxis que pone en cuestión el urbanismo basado en el saber racional-funcionalista en manos de tecnócratas que acaban reproduciendo, de forma degenerativa, los intereses de los grupos de presión en contra de los intereses comunes que son a la vez plurales. Una nueva forma de hacer ciudad que tiene en las relaciones sociales y las prácticas colaborativas su razón de ser, estar y actuar. Y es que… ¿a estas alturas alguien cree que se puede hacer hoy de otra manera?


Albert Arias Sans, geógrafo por la Universitat Autònoma de Barcelona y máster en Gestión Urbana por la Erasmus University de Rotterdam. Actualmente es doctorando en Turismo en la Universitat Rovira i Virgili y colaborador docente en el Área de posgrado en Gestión de la Ciudad de la UOC. Miembro de la Trama Urbana.

Marc Martí-Costa es doctor en políticas públicas y transformación social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sociólogo de formación se ha especializado en temas de participación política, innovación social y políticas urbanas. Actualmente trabaja en el Institut de Govern i Polítiques Públiques. Es miembro de la Trama Urbana y del Observatorio Metropolitano de Barcelona


Este artículo se publicó originalmente en latramaurbana.net



Créditos de las imágenes:

Imagen 1: Strategic advocacy planning training, Budapest, septiembre 2012 (fuente: http://ilga-europe.org).
Imagen 2: Paul Davidoff (fuente: Cornell University Library).
Imagen 3: Repensar Bonpastor. Proyecto para la remodelación participativa de este barrio popular de Barcelona (fuente: eixida.wordpress.com)
Imagen 4: Mapa del uso cotidiano personas que viven y utilizan la plaza Lesseps (fuente: Itziar González).
Imagen 5: Can Ricart, pese a la intervención de muchos profesionales, hoy está en ruinas (fuente: salvemcanricart.blogspot.com)

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[1] Third side, termino propuesto por William Ury para referirse a la figura mediadora entre dos partes en conflicto http://www.thirdside.org
[2] Este modelo podría ser más próximo al «urbanismo colaborativo» propuesto, entre otros, por Patsy Healey en su libro Collaborative planning. Shaping places in fragmented societies
[3] En estos casos algunos autores hablan de applied planning como por ejemplo Jacqueline Leavitt en Planning in an age of rebellion: Guidelines to activist research and applied planning. Planning Theory  vol. X/XI: 110-130.
[4] Josep Maria Montaner analiza de forma excelente el brote de colectivos de arquitectura en la última década así como los cambios en la manera de concebir y practicar la arquitectura (y el urbanismo). Para seguir el debate dentro de estos colectivos de arquitectos más renovadores, ver por ejemplo este artículo de Paisaje Transversal.


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