Por Ramón López de Lucio
Después de una década larga de burbuja
inmobiliaria en España (1995‑2007), el mercado del suelo residencial consiguió
fabricar un numero irracional de viviendas —hasta 800 000 al año— a unos precios hiperespeculados que no guardan relación
alguna ni con los costes reales de producción ni con las posibilidades económicas
de las familias, en unas localizaciones y con unas características urbanísticas
que se alejan notablemente de lo que entendemos como ciudad (densidad,
complejidad, equipamiento, transporte publico, etc.). Esas han sido las
credenciales, en un sector tan básico como es el de la vivienda, que cada vez
se aleja más de las necesidades de la población y de las posibilidades que
ofrecen los conocimientos y técnicas contemporáneos.
De la misma manera que los mercados
financieros se han alejado de la economía real y de sus necesidades —la producción
de alimentos y bienes de primera necesidad y la generación de empleos dignos—
para sumergirse en un espiral especulativa guiada por la consecución de
beneficios a corto plazo, el mercado de suelo y vivienda ha conseguido, en una
pirueta ciertamente cruel y paradójica, producir mucho pero a precios
imposibles; estos, a su vez, han hipotecado gravemente a las familias y a los
propios bancos, que han necesitado acudir a los mercados financieros
internacionales para alimentar la exuberante expansión del sector.
Si se hubiera arbitrado un sistema más
controlado por los poderes públicos (anatema para el ideario neoliberal), se podrían
haber producido viviendas mucho más económicas en entornos urbanos de bastante
mejor calidad. Los costes de construcción y urbanización para una vivienda de 90 m2 no
tienen por qué superar los 100 000 €, y en las grandes ciudades han
llegado a costar entre 250 000 € y 450 000 €. Frente a la política
urbanística del «todo vale» (cualquier lugar es susceptible de ser urbanizado),
que ha generado anomalías construidas como Seseña, Valdeluz, Arroyomolinos y
tantas otras, hay que reivindicar la ordenación del territorio.
Los precios inflados y los entornos lejanos,
segregados y faltos de cualquier atisbo de vida urbana, no son una necesidad
inmutable impuesta por los hados. Provienen de decisiones políticas y de la
desconsideración de técnicas urbanísticas alternativas perfectamente conocidas.
Es bien sabido que los precios del suelo son una ficción determinada únicamente
por los precios que puede alcanzar la vivienda y por la intensidad de la
edificación que se tolera en cada lugar. Para controlarlos existen distintas
posibilidades: desde la expropiación del suelo por razones de interés público y
la posterior promoción residencial a través de sociedades constructoras de
titularidad pública o cooperativa, hasta la exigencia de porcentajes
sustanciales —entre el 65 % y el 75 %— de viviendas sometidas a
diferentes regímenes de protección.
